¿La situación de pandemia te ha causado un perjuicio personal o económico? Descubre si te corresponde una indemnización

¿La situación de pandemia te ha causado un perjuicio personal o económico? Descubre si te corresponde una indemnización

Son muchos los ciudadanos que, hasta la fecha, han sufrido las consecuencias nefastas de las omisiones o decisiones adoptadas por las distintas Administraciones Públicas a causa de la crisis de la COVID-19. Estas consecuencias se han traducido en un impacto en su esfera personal o profesional que, en muchos casos, o es irreversible o ha supuesto un perjuicio relevante para su vida o negocio que va a dificultar enormemente su recuperación.  

Muchos han perdido seres queridos, ya sea en hospitales o residencias de la tercera edad, o incluso en sus propios domicilios, esperando una atención que, aparentemente, la falta de medios no permitió que llegara.

Otros han sido afectados por la enfermedad como consecuencia de su profesión (por ejemplo, sanitarios) y la falta de dotación de Equipos de Protección Individual en sus puestos de trabajo, sufriendo actualmente secuelas cuya reversibilidad y alcance se desconoce aún.

Otros han visto como las decisiones adoptadas por las autoridades (y/o su ejecución) han supuesto pérdidas económicas importantes para su negocio. Así, por ejemplo, y sin perjuicio de las pérdidas económicas sufridas durante el periodo de cierre obligatorio, tenemos muchos clientes del mundo de la restauración que han perdido miles de euros en alimentos adquiridos días antes de la declaración del estado de alarma, para la preparación de los menús y comidas de aquel fin de semana en que finalmente no pudieron abrir (recordemos que la declaración del estado de alarma y la obligatoriedad de cierre se produjo un sábado). ¿Hasta qué punto tienen obligación de asumir esta pérdida?

Desde ROCHA PAUS GRUPO LEGAL, hemos asesorado y seguimos asesorando a nuestros clientes para remitir el impacto que la situación actual está generando. Todos debemos focalizar ahora nuestros esfuerzos en trabajar por la recuperación personal y económica pero no debemos olvidar que, en el momento oportuno, y desde una perspectiva jurídica, deberemos valorar, caso por caso, si existe viabilidad en el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por los ciudadanos como consecuencia de todas y cada una de las decisiones adoptadas y no adoptadas por las autoridades (recordemos que la omisión también es una manifestación administrativa susceptible de ser controlada) e, igualmente, por la diligencia que empresas privadas han tenido en el desarrollo de sus funciones (es el caso, por ejemplo, de las residencias privadas).

El presente texto no pretende adoptar ningún posicionamiento político, ni tampoco realizar afirmaciones genéricas o lanzar mensajes de crítica simplistas a las decisiones adoptadas política y administrativamente. Tan sólo intenta explicar cómo, jurídicamente y si se cumplen unos presupuestos específicos, se puede accionar el mecanismo de resarcimiento oportuno, ya sea a través de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración (para el caso de actuaciones u omisiones llevadas a cabo por un ente público) o a través de una reclamación indemnizatoria por daños y perjuicios cuando estemos ante una empresa privada. Siendo así, lo primero antes de formular cualquier reclamación será analizar el caso concreto y detectar quién será la entidad, pública o privada, potencialmente responsable ya que los procedimientos a seguir, y plazos a tener en cuenta, serán distintos.

No obstante, y dado el interés que aparentemente suscita el tema, el presente artículo se centra en analizar el sistema de reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración Pública, pues gran parte de los perjuicios ocasionados durante la pandemia derivan de decisiones u omisiones emanadas de dichos órganos.

¿Cuándo se puede exigir responsabilidad patrimonial a la Administración Pública?

Establece el artículo 106.2 de la Constitución que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. En los mismos términos se pronuncia la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 32.1.

A su vez, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, incluye la “responsabilidad” entre los principios rectores de la declaración y vigencia de tales estados de emergencia. Su artículo 3.2 dispone que “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Así, a priori, la declaración del estado de alarma no supondría una merma de los derechos del ciudadano -persona física o jurídica- a la hora de reclamar la responsabilidad a un ente público. Pero ello, siempre y cuando se cumplan unos requisitos:

  • que el daño provocado sea antijurídico, es decir que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo
  • que exista relación de causalidad entre dicho daño y el funcionamiento del servicio público en cuestión
  • que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado

Sin el cumplimiento de estos requisitos, cualquier acción de reclamación está abocada al fracaso. De ahí la importancia de analizar en detalle cada uno de los casos que nuestros clientes nos exponen en la sala de reuniones, a efectos de valorar la viabilidad de su asunto.

No obstante, el trabajo de análisis jurídico y la viabilidad del asunto no finaliza ahí, sino que, en el caso de la situación de crisis sanitaria originada por la COVID-19, deberemos valorar si opera la excepción legalmente prevista a ese derecho indemnizatorio: que nos encontremos ante un supuesto de fuerza mayor. Así, en caso de ser considerada la epidemia como un supuesto de fuerza mayor, se exonerará o limitará la responsabilidad del ente y, por lo tanto, el éxito de nuestra reclamación quedaría frustrado.

Supongo que, en este punto, muchos de vosotros, lectores de este blog, debéis estar tirando la toalla. ¿Cuántas veces, en los medios, no se habrá vinculado el estado de alarma con el concepto de “fuerza mayor”? No os precipitéis porque, como dice un buen amigo abogado, en Derecho, 2 más 2 nunca son 4.

El concepto de fuerza mayor

Veamos primero qué entiende la normativa por “fuerza mayor” en materia de reclamación de responsabilidad administrativa: que los daños se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento en que se producen.

Vaya, parece que la cosa se complica. ¿Realmente se hubieran podido prever o evitar los daños provocados por esta pandemia? 

Pues habrá casos en los que sí, y casos en los que no.

Igual que sucede con los requisitos antes descritos, ocurre con la excepción legalmente prevista. Así, la excepción (fuerza mayor) podría llegar a operar ante un funcionamiento “normal” de los servicios públicos, pero podría no suceder lo mismo en los casos en que el daño deba su origen a una actuación incorrecta o a una omisión de un deber de la Administración (al llamado “funcionamiento anormal” del servicio).

Así, la no adopción de decisiones o una decisión tomada tardíamente por parte de un ente público podría dar lugar a responsabilidad. Es lo que ha podido suceder, por ejemplo, en los casos de los centros residenciales de la tercera edad, o en la dotación tardía de protocolos, medidas y equipos de protección individual a sanitarios y otros profesionales vinculados que han acabado contrayendo la enfermedad. En este último caso, a efectos indemnizatorios se podría llegar a accionar también un procedimiento por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Igualmente, otro ejemplo de posible funcionamiento anormal de un servicio público sería el considerar que, por parte de una institución hospitalaria, se ha llevado a cabo una actuación médica poco diligente, ya sea en una atención de la enfermedad contraria a la lex artis, en una información proporcionada insuficiente, en la falta de diligencia en la gestión de las listas de espera, etc.

Finalmente, y para los que llegados a este punto de la lectura se muestren pesimistas, quiero traer a colación la reciente Sentencia nº 60/2020, de 3 de junio de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social Único de Teruel, que condena a un empleador público (Servicio Aragonés de Salud, Instituto Aragonés de Servicios sociales y Diputación General de Aragón) por no haber dotado de medios de protección a sus trabajadores.

La misma viene a pronunciarse sobre la oponibilidad del concepto de “fuerza mayor” respecto del derecho a la salud de los ciudadanos. La sentencia considera, con base en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la salud es un derecho fundamental:

“No cabe duda que la situación que vivimos es excepcional. Estamos ante una pandemia, esto es, una enfermedad que se extiende a muchos países y a muchos individuos, y no ante una ‘mera’ epidemia. Desde hace más de 100 años, cuando tuvo lugar una pandemia por gripe, no se vivía en nuestro país, una situación similar a la que nos ocupa.

Sin embargo, tal gravedad y excepcionalidad, que ha llevado a la indispensable declaración del estado de alarma, no puede significar, sin más, que estemos ante un supuesto de ‘fuerza mayor’ que elimine los derechos fundamentales de los ciudadanos, o exima de responsabilidad a los empleadores por incumplimientos de su obligación de proteger a los trabajadores”.

Aunque la citada Sentencia no se emite en el marco de un proceso de reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración, sino en un proceso por infracción de la normativa de riesgos laborales, el argumentario esgrimido puede ser analógicamente utilizado para el primer tipo de reclamaciones. Puede acceder a la Sentencia completa aquí.

Sea como fuere, la conclusión de este artículo solo puede ser una. Como sucede en tantos supuestos, la normativa aplicable debe ser analizada atendiendo al caso concreto. No pueden obviarse los requisitos ni las excepciones previstas legalmente, lo cual hace necesario que, si desafortunadamente usted ha sido afectado y se plantea iniciar una reclamación, lo haga acompañado de un profesional que no sólo conozca la Ley, sino que también sepa interpretarla y recurrir al resto de fuentes del Derecho para poder valorar la viabilidad de su asunto. Un análisis jurídico inicial erróneo o insuficiente, puede provocarle no solo la pérdida de su tiempo y dinero, sino un desgaste emocional innecesario. 


asesoria fiscal

Artículo redactado por

Antonia Rocha González

abogada y Socia de la Firma

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