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OKUPAS, LA LEY Y COMO PREVENIRLOS



Qué son los Okupas?

La okupación nace como un movimiento de resistencia y de cubrir las necesidades que todo el mundo se supone tiene derecho a cubrir…  de un modo u otro.

Como es el de la vivienda.

Las cosas se han puesto difíciles para todos desde 2008, año en que ya no se pudo seguir negando lo evidente, que entrabamos en una depresión económica transversal galopante, de consecuencias tan graves que ni se podían medir por aquél entonces.

Esto ha favorecido dos cosas:

Una triste y que requiere de mucho más trabajo social y legal, que es la enorme cantidad de familias ( ya no sólo personas individuales) que han perdido toda fuente de ingresos, o que se han visto con sus ingresos reducidos a cantidades por debajo de lo necesario para poder vivir dignamente.

La otra el auge de las mafias y las actividades criminales que siempre van a la sombra de momentos de crisis o de vacíos en la legalidad que puedan aprovechar, amparándose en las partes vigentes de la misma legalidad, es decir, que rompen la ley y usan el resto de leyes para protegerse de las consecuencias de haber roto la ley.

Suena paradójico y no lo es, porque la ley no está aún para nada concretada hasta el último milímetro, y ésta no cubre cada mínima variación de cada cosa o hecho posible sobre la faz de la tierra, y además es muy difícil hacerlo.

Los romanos ya se encontraron con los problemas que causa un exceso de normativización, pues tan malo es que las cosas no estén reguladas como que lo estén en tanto exceso que hasta dar un paso haya que hacerlo midiendo cada centímetro del movimiento, no fuera caso que incurrieramos en una ilegalidad sancionable.

El dilema moral

El dilema moral es importante, y el problema que la realidad plantea aún más trascendente:

¿como separar los que ocupan por auténtica necesidad de los que no?

como todos somos iguales ante la ley, ésta lo tiene difícil para ser más permisiva con los primeros y más inflexible con los segundos, pues primero necesita mecanismos para poder distinguir con claridad unos de otros.

Y, siguiendo la aplicación del sentido común, no es lo mismo lidiar con la Okupación de una vivienda vacía desde hace largo tiempo y que está en manos de una empresa que especula con las viviendas, que una okupación de un domicilio particular, especialmente si dicho domicilio es además la vivienda principal y habitual de su legítimo dueño.

Y en estas estamos hoy, 2019 con más de 90.000 viviendas en estado de okupación, y una sensación de terror que recorre la mente de todos los ciudadanos de este país.

“Y si me voy de vacaciones tras ganarlas trabajando todo el año, y al regresar me encuentro que me han okupado mi casa y me tengo que quedar en la calle con mi familia y encima pagar los gastos que generen los okupas?”

“Como puede ser que alguien que no es propietario de una vivienda, o tenga un contrato con el legítimo propietario, pueda okuparla y no se lo pueda echar?”

Cuestiones como ésta, que en apariencia son de sentido común que deberían verse con una respuesta inmediata y contundente por parte de la policía y el aparato judicial, se encuentra con esas cuestiones de leyes que se pelean y cosas no legisladas con detalle.

Qué dice la ley y como la aprovechan?

Resumiendo la situación a día de hoy:

Ley 5/2018, de 11 de junio, que modifica la Ley 1/2000 de 7 de Enero  de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Esta Ley, en resumidas cuentas, es una actualización que endurece las consecuencias para quienes ocupen ilegalmente, es decir, de forma no consentida ni tolerada, de una vivienda por parte de su legítimo propietario.

Estos cambios hacen que el procedimiento pueda iniciarse “contra los ocupantes desconocidos”, de manera que ya no es necesario identificar a los okupas, algo difícil de conseguir cuando la policía no puede entrar en la vivienda okupada.

La demanda que debe firmarse mediante abogado y un procurador, ha de ir acompañada de la escritura de la propiedad o título de propiedad de la vivienda equivalente,  en este caso se solicita directamente la “inmediata entrega de la posesión de la vivienda y que se fije fecha para el lanzamiento”.

Para resumir mucho, iniciar trámites legales para desocupar una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente, y si se hace correctamente, en un máximo de 20 días hábiles (aunque estos casos ahora se ejecutan más rápido aún), serán desalojados.

Además, en la fecha notificada de desalojo, se notifica que los servicios sociales pueden acudir a prestar su ayuda a los okupas desalojados,  por si se diera un caso de necesidad auténtica, y que estas personas desconocieran o no hubieran acudido a solicitar ayuda a estos servicios.

Un caso muy distinto es que estemos tratando de desahuciar a personas que posean un contrato de alquiler y que hayan dejado de pagar el mismo.

En ese caso se aplica otro procedimiento distinto, pues en sí, es una situación distinta, y las probabilidades de encontrarnos con un caso de verdadera necesidad será más alta.

La conclusión final de desokupar una vivienda por la vía legal,  20 dias como maximo ( aunque de media son 5). y los costes legales del mismo, que varían entre los costes de abogado y procurador.

Pueden ser de 300€ a 1000€ según cada caso.

Qué podemos hacer para evitarlos?

Como reza el dicho: “más vale prevenir que curar”, y en este caso, aún más.

Los métodos que usan los okupas para acceder a las viviendas son varios, e incluso elaboran completos textos (manuales) de cómo proceder en cada etapa del procedimiento.

Una vez más, a la sombra de este movimiento que amparado en la ética de la moralidad de la necesidad de no dejar a nadie colgado y fuera del sistema,  proliferan muchos seres que se aprovechan tanto de la situación como de las maniobras, y al final, los métodos que pueden servir para okupar vivienda que está vacía y en clara situación de especulación, también sirven igual para robarle la vivienda a alguien y terminar “desvistiendo un santo para vestir a otro”.

Así pues, los métodos a día de hoy recomendados para evitar la okupación antes de que esta se produzca son los siguientes:

1- Lo primero de todo es asegurarse de que la vivienda cuenta con un sistema que impida el acceso a la misma, o lo dificulte lo máximo posible.

De este modo, o bien no entrarán porque será un objetivo demasiado duro de roer, o porque simplemente no podrán hacerlo.

Para ello hay muchas medidas que pueden adoptarse, desde colocar un escudo en el bombín, hasta cambiar la puerta por una blindada, e incluso instalar las que ahora se publicitan como puertas “anti-okupas” que no tienen cerradura y se abren mediante una tarjeta de proximidad o una aplicación en el móvil.

2-Otro aspecto crucial es contar con un medio que ayude a detectar la intrusión en el mismo momento en que se produzca, para poder así avisar a la policía en el acto.

Los okupas saben que las primeras 48 horas son cruciales, pues en ese período se les puede echar directamente pues se consideraría directamente un acto de robo y de allanamiento.

para este fin hay un sinfín de sistemas de alarma cuyos costos varían muchísimo, desde sencillos sistemas que funcionan con pilas o baterías (así siempre están en marcha incluso si cortan la electricidad antes de entrar) y que no solo suenan sino que te avisan al móvil cuando son disparadas, hasta sistemas de empresas comerciales que resultan más sofisticadas y suelen gestionar ellos el llamar a la policía y tomar acciones inmediatamente.

3-Un punto importante es el contar con un método que nos sirva para poder probar cuando entraron en la vivienda y si se puede demostrar que lo tuvieron que hacer forzando mucho mejor.

Demostrar que se accedió de forma forzada es determinante, y por ello el instalar alarmas, cámaras o contar con testigos de otros vecinos por ejemplo son importantes para este fin.

El resumen

La cosa no está muy fácil aún para nadie,  la economía se recupera pero a trompicones y la situación de pánico actual al respecto de los riesgos de la ocupación se encuentra totalmente desbocada.

Si bien es cierto que hay una gran problemática, la realidad de la situación de la ocupación ilegal es que el 75% o más de las mismas están siendo llevadas a cabo contra viviendas vacías en manos de promotores y bancos, y tres de cada cuatro okupas que han sido identificados han resultado formar parte de mafias o bandas de delincuencia organizada.

Plataformas como la PAH trabajan para ayudar a las personas que se encuentran en situaciones graves,  o que se ven abocados a tener que lidiar estas situaciones.

Esta ley, tal y como está reformulada por ahora solo es aplicable a particulares,  dejando fuera a grandes tenedores y empresas como los bancos, y no olvidemos que es una fórmula que tiene una aplicación directa para dar seguridad a los propietarios particulares, a quienes una ocupación de estas características puede convertirse en un calvario y no solo a nivel financiero.

Fuente imagen:

https://www.pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/




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