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XII Jornada de Justicia Penal Internacional i Universal



XII Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal

El pasado 17 de Julio se celebró la XII Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal en el ICAB, en la que nuestra socia Antonia Rocha González presentó y moderó la ponencia dedicada al tema del tráfico de organos y delitos de tráfico de personas.

La ponente Linda Cottone, miembro de la ONU en la Unidad de Investigación para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expuso las definiciones de los distintos delitos relacionados con la TdP (Trata de Personas), delitos como el tráfico de órganos, la esclavitud, servidumbre, matrimonios forzados y la prostitución entre otros.

Explica que el protocolo de las Naciones Unidas trabaja en prevenir los delitos de trata de personas,  reprimirlos y sancionarlos.

Los retos a los que se enfrentan son diversos, como la dificultad de discernir de cuando se trata de un delito de TdP y el tratamiento y proceso de cada delito en particular de forma individual.

Además, añade que los menores de edad se encuentran en situaciones de explotación especialmente en los casos de la minería, conductores de camellos y la prostitución infantil.

Cottone expone que España cumple perfectamente los estándares mínimos para la eliminación de la TdP, habiendo hecho esfuerzos serios en la materia.

Además Catalunya como región tiene invitación permanente en las investigaciones para asistir a victimas de trata.

Linda explicó que, la distinción entre la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de migrantes gira entorno la voluntad del individuo que cruza la frontera, pues en la trata se capta forzosamente, engañosamente o parcialmente engañosamente.

La explotación en el primer caso (TdP) es en el lugar de destino, y en el segundo en el pago para ser trasladado, y normalmente en el segundo caso el migrante deja de tener relación con el tratante una vez ha llegado a destino.

La normativa Española aún confunde la TdP con el trafico ilícito de migrantes en sus descripciones, cosa que sucede en varios países, y esto plantea más dificultades a la hora de aplicar tratamiento jurídico.

 

A continuación, el ponente Narciso Ortega Oliva, ex inspector jefe de Policía Nacional de Catalunya i doctorado especialista en FRONTEX (Fronteras exteriores de la UE) expuso su relación con estos delitos en su experiencia.

Actualmente hay una tendencia, expone, a externalizar el control de fronteras a países colindantes, entregándoles medios económicos, formativos y materiales para que gestionen con más eficacia sus fronteras.

Explica que se ha conseguido un control de las rutas habituales de trafico de personas, pero insiste en que no ha dado un buen resultado, pues aunque se conocen bien dichas rutas, aún siguen funcionando.

Narciso denuncia la invisibilidad del delito de tráfico de órganos, que parece que no suceda y existe de forma notable.

Este delito ha empezado a estar regulado jurídicamente, lo cual le da reconocimiento particular y lleva a la regulación y la restricción, con el fin de impedir el tráfico ilegal.

Los principales delitos al respecto son el tráfico de personas para extraer sus órganos, el turismo de transplantes y el traslado ilegal de órganos entre países.

Añade que los medios para controlar el tráfico de órganos y la extracción ilegal son menores que los destinados al control del TdP: “el tráfico de órganos ocupa un lugar importante entre las mafias y organizaciones delictivas, debido a la alta demanda de órganos y el alto valor económico que produce”.  El margen de beneficios de este delito es muy alto y por tanto lo convierte en muy atractivo para organizaciones delictivas.

Sugiere el trabajo en la tarea de publicar y concienciar acerca de la problemática de los pacientes en lista de espera y la alta demanda de donantes,  poniendo como ejemplo “the organ project” de Canadá, como parte de las medidas que se pueden tomar para paliar estos delitos y problemas derivados de ellos.

Añade que la inteligencia artificial unida a la bio-ingeniería es un camino muy importante para la mejora de las condiciones de los pacientes y por supuesto un duro golpe al mercado ilegal.

 

La ponente Alba Alonso Díez, abogada Servicios Jurídicos del programa SICAR.cat-Adoratrius expuso la parte mas específica de la nomenclatura jurídica.

Ahondando en la confusión terminologica que expone Linda Cottone, añade que a menudo en algunos países tráfico se confunde con contrabando, siendo estos dos tipos distintos de delitos.

Explica que la aplicación de los derechos humanos implica un proceso en el cual hay que tener en cuenta todas las áreas que toca, tanto sociales como jurídicas así con la cantidad de profesionales que se ven implicados en estos casos.

Esto, añade, lleva a tensiones y diálogos para tener que ponerse de acuerdo con muchas personas al respecto de cómo actuar.

Recalca la necesidad del esfuerzo de revisar todo el proceso completo, añadiendo el implicar a las víctimas en dicho proceso como parte actuante.

Hay que buscar procesos de no re-victimización, que implica la mejora de los procesos de los centros e instituciones que están relacionadas.

Recalca el desbalance que hay entre la persecución del tratante, de la protección de la victima, siendo esta ultima la que esta en menor trato y asignación de medios.

El código penal español considera el tratante no solo como organización sino también como individuo, pues no siempre hay detrás de estos delitos grandes organizaciones criminales.

Además se considera que el delito se consuma desde el momento de la captación de la victima, lo cual suele suceder en otros países, de manera que ya se considera que existe delito antes de que se pueda hacer algo a la victima, por ejemplo, antes de ser trasladada y sus órganos extraídos.

Puntualiza la importancia de que estas cosas se especifiquen y tipifiquen, pues activa la posibilidad de actuar.

Plantea que en la practica hay problemas a la hora de equiparar los derechos al respecto de los delitos de trata de personas cuando se trata de una persona nacional o comunitaria (europea) respecto de cuando es extranjera, pues muchos de estos delitos están tipificados en cuestiones de extrangería.

Añade otro detalle conflictivo, que es el caso de que una persona que es victima, no puede regularizar su stiuación legal porque al tener antecedentes no se le permite legalizar su situación en inmigración, quedando jurídicamente en un limbo de desprotección jurídica.

Señala las dificultades que plantea el poco tiempo que existe para explicar a la víctima en su idioma y de forma inteligible por ésta de sus derechos, su situación, averiguar su historia para conocer su caso y saber que jurisprudencia se aplica además de diagnosticar lo que pueda necesitar desde el punto de vista medico, psicológico y de recursos básicos.

La cantidad de barreras que plantea el sistema actual dificulta enormemente que las víctimas sepan que pueden acudir a las instituciones legales, que éstas tengan la confianza para fiarse de dichas instituciones y que éstas puedan actuar con ellas por la paralización burocrática de los limbos y dificultades para que oficialmente sean consideradas como victimas y la situación en la que se encuentran para que estas puedan testificar y actuar en colaboración con el aparato legal.

Además se suma la urgente necesidad de reformar la ley de protección de testigos del 94, pues está en amplio consenso que se encuentra desfasada.

 

Añadimos el enlace a ésta ponencia, estando las demás ubicadas en el canal del Departament de Justícia en la plataforma Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=C5EfVrPC0-E




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