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La entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en fecha de 02 de octubre de 2016, supuso un cambio de paradigma en la relación de las personas físicas y jurídicas con las Administraciones Públicas.

La principal novedad del texto legislativo en dicha materia subyace en la obligación que asumen las personas jurídicas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Esta obligación se extiende a:

  1. Las entidades sin personalidad jurídica.
  2. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Por ejemplo: Notarios, Registradores de la propiedad y mercantiles, abogados, procuradores, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, etc.
  3. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  4. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

A su vez, la ley admite que las Administraciones puedan establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas, que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. En este supuesto se hallarían los profesionales autónomos.

En cuanto a las personas físicas, el legislador ha optado por posibilitarles la elección de ejercitar sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o bien, con carácter presencial, salvo para casos específicos en que se prevea una obligación expresa de relacionarse por vía electrónica. Podríamos decir que la posibilidad de las personas físicas de relacionarse por medios electrónicos es entendida, con carácter general, como un derecho y no como una obligación.

 

Por último, cabe advertir que para el caso de que el obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas se equivocara y promoviese una solicitud con carácter presencial:

  1. La Administración Pública tendría la obligación de requerirle para subsanarla.
  2. Se consideraría como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación por vía electrónica.

Frente a una aceptación dubitativa del empleo de medios tecnológicos promovida por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como un medio para relacionarse con las Administraciones Públicas, las Leyes 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público habrían invertido la cuestión; haciendo de la excepcionalidad la norma y de la norma lo excepcional.




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